Europa aprobó en 2021 un escudo para el deudor cuya deuda se vende a un fondo: la Directiva (UE) 2021/2167, sobre administradores y compradores de créditos. Obliga a comunicar la cesión con un desglose de la deuda, somete a autorización a quien la gestiona y garantiza que la venta no recorta ningún derecho del contrato original. Lo que no ha hecho todavía es convertirse en ley española.
¿Te protege ya esta directiva?
La Directiva 2021/2167 todavía no se aplica en España. El plazo de transposición venció el 29 de diciembre de 2023. España es el único Estado de la UE que sigue sin incorporarla, así que sus obligaciones no se pueden esgrimir contra un fondo privado hasta que sean norma española. Lo que sí es reclamable hoy es la inclusión indebida en un fichero de morosos cuando el fondo que compró la deuda no cumplió los requisitos legales para comunicar el dato.
Qué es la Directiva 2021/2167 y por qué existe
Los bancos europeos vendieron en bloque sus carteras de créditos dudosos. Tras la crisis financiera acumularon esos préstamos impagados o de cobro incierto y empezaron a traspasarlos a fondos especializados. La Directiva (UE) 2021/2167, de 24 de noviembre de 2021 (publicada en el DOUE L 438, de 8 de diciembre de 2021), ordena ese mercado con una premisa: facilitar la venta de carteras sin que el prestatario pague el precio.
Para ello introduce dos piezas. La primera, un régimen de autorización: las empresas que administran esos créditos —los llamados credit servicers, quienes cobran y gestionan la deuda por cuenta del fondo— necesitan autorización previa en su Estado miembro y quedan bajo supervisión, con requisitos de honorabilidad y políticas que garanticen el trato justo al prestatario. La segunda, un estándar de conducta y de información frente al deudor, que es la parte que interesa a quien un día descubre que su deuda cambió de manos — a menudo porque aparece el escenario más habitual en España cuando eso ocurre: la inclusión indebida en un fichero de morosos por un fondo que no acredita los requisitos legales.
Lo que un fondo debe decirte cuando compra tu deuda
El artículo 10 de la Directiva 2021/2167 fija cómo deben tratarte. Compradores y administradores de créditos han de actuar «de buena fe, justa y profesionalmente», facilitar información «que no sea engañosa, poco clara o falsa», respetar tu intimidad y tus datos, y comunicarse «de forma que no constituya acoso, coacción o influencia indebida».
Y concreta qué debe comunicarse tras cada cesión, siempre antes del primer intento de cobro y también cada vez que el prestatario lo pida: la cesión y su fecha, la identidad y el contacto del comprador y del administrador designado —con prueba de su autorización—, un punto de contacto claro, un desglose de lo adeudado separando capital, intereses, comisiones y otros gastos, la autoridad ante la que reclamar y una declaración expresa de que todo el Derecho de consumo, europeo y nacional, sigue aplicándose. En papel u otro soporte duradero y «en un lenguaje claro y comprensible para el público en general».
Conviene decirlo sin rodeos: estas obligaciones son hoy, en España, un estándar europeo pendiente de convertirse en ley nacional. Regirán aquí cuando la transposición llegue.
La venta de tu deuda no recorta tus derechos
La cesión de tu deuda a un fondo no rebaja tu protección. Lo dice el artículo 17.2 de la Directiva 2021/2167, pendiente de transposición en España, y merece cita literal: «El nivel de protección previsto para los consumidores y otros prestatarios en virtud del Derecho de la Unión y nacional, así como la normativa en materia de insolvencia, no se verá afectado por la cesión al comprador de créditos de los derechos del acreedor derivados del contrato de crédito, o del propio contrato de crédito».
Es decir: el fondo compra el crédito, no una versión rebajada de tus garantías. Las normas sobre protección de consumidores, ejecución de contratos, derechos de los prestatarios, secreto bancario y Derecho penal continúan aplicándose después de la venta exactamente igual que antes. La directiva añade incluso que, cuando el crédito dudoso se celebró con un consumidor, el comprador debe designar un administrador autorizado para gestionarlo — la deuda no puede quedar en manos de un cobrador sin supervisión.
España, sin transponerla y demandada ante el TJUE
España sigue sin transponer la Directiva 2021/2167. El artículo 32 de la directiva dio de plazo hasta el 29 de diciembre de 2023 para adoptar y publicar las normas nacionales, aplicables desde el día siguiente. Ese plazo venció sin ley española, y la cronología desde entonces es esta:
- Enero de 2024. La Comisión Europea abre procedimiento de infracción contra España por no comunicar medidas de transposición (expediente INFR(2024)0047).
- Julio de 2024. La Comisión envía dictamen motivado —el último aviso formal antes del tribunal— a doce Estados miembros, España entre ellos.
- 12 de febrero de 2025. La Comisión lleva a España ante el Tribunal de Justicia de la UE, junto a otros seis Estados, con petición de sanciones económicas.
- Marzo de 2025. El Gobierno presenta en el Congreso el Proyecto de Ley de administradores y compradores de créditos (121/000049), publicado en el Boletín Oficial de las Cortes el 14 de marzo de 2025. Desde entonces permanece en fase de enmiendas, con plazos ampliados de forma sucesiva; el último se extiende hasta el 7 de octubre de 2026.
Según la página de seguimiento de la propia Comisión, a diciembre de 2025, 26 de los 27 Estados miembros habían comunicado medidas completas de transposición; España era el único sin comunicar ninguna. El procedimiento ante el TJUE sigue pendiente: España está demandada, no condenada, y nada permite aventurar cuándo se aprobará la ley.
Qué te protege hoy mientras la ley no llega
Una directiva sin transponer no obliga a un fondo privado. No puede invocarse directamente contra él en un pleito: hasta que sea ley española, solo vincula al Estado. Pero eso no deja al prestatario español a la intemperie, porque la protección efectiva viene hoy de la normativa nacional vigente: la ley general de consumidores, la Ley 16/2011 de crédito al consumo, el artículo 1535 del Código Civil —que permite al deudor de un crédito litigioso vendido extinguirlo pagando al comprador el precio que este abonó, con intereses y costas— y la normativa de protección de datos (RGPD y LOPDGDD), junto con la jurisprudencia que las interpreta.
Mientras el Congreso tramita, tu caso no espera
La inclusión indebida en un fichero de morosos ya se reclama hoy. El escudo europeo sigue en fase de enmiendas, pero el escenario que más daño causa —que el fondo comprador inscriba en un fichero una deuda que no cumple los requisitos— se reclama con la ley española vigente y tiene pieza propia: quién responde cuando el dato lo comunica el fondo que compró la cartera. Si un fondo te ha metido en un fichero de morosos, Veritua estudia tu caso gratis con abogado colegiado y de los trámites nos encargamos nosotros de principio a fin. No pagas nada por adelantado: 0 € al empezar y honorarios únicamente si la reclamación llega a buen puerto.
Nota orientativa: La indemnización por daño moral la fija el juez caso a caso. Depende del tiempo que estuviste en el fichero y de cuántas entidades consultaron tus datos, no del importe de la deuda.
