Europa aprobó en 2021 un escudo para el deudor cuya deuda se vende a un fondo: la Directiva (UE) 2021/2167, sobre administradores y compradores de créditos. Obliga a comunicar la cesión con un desglose de la deuda, somete a autorización a quien la gestiona y garantiza que la venta no recorta ningún derecho del contrato original. España debía tenerla en vigor el 29 de diciembre de 2023; a día de hoy sigue sin transponerla y la Comisión Europea la ha llevado ante el Tribunal de Justicia de la UE.
Qué es la Directiva 2021/2167 y por qué existe
Tras la crisis financiera, los bancos europeos acumularon carteras de créditos dudosos —préstamos impagados o de cobro incierto— que empezaron a vender en bloque a fondos especializados. La Directiva (UE) 2021/2167, de 24 de noviembre de 2021 (publicada en el DOUE L 438, de 8 de diciembre de 2021), ordena ese mercado con una premisa: facilitar la venta de carteras sin que el prestatario pague el precio.
Para ello introduce dos piezas. La primera, un régimen de autorización: las empresas que administran esos créditos —los llamados credit servicers, quienes cobran y gestionan la deuda por cuenta del fondo— necesitan autorización previa en su Estado miembro y quedan bajo supervisión, con requisitos de honorabilidad y políticas que garanticen el trato justo al prestatario. La segunda, un estándar de conducta y de información frente al deudor, que es la parte que interesa a quien un día descubre que su deuda cambió de manos — a menudo porque aparece el escenario más habitual en España cuando eso ocurre: la inclusión indebida en un fichero de morosos por un fondo que no acredita los requisitos legales.
Lo que un fondo debe decirte cuando compra tu deuda
El artículo 10 de la directiva fija cómo deben tratarte compradores y administradores de créditos: actuar «de buena fe, justa y profesionalmente», facilitar información «que no sea engañosa, poco clara o falsa», respetar tu intimidad y tus datos, y comunicarse «de forma que no constituya acoso, coacción o influencia indebida».
Y concreta qué debe comunicarse tras cada cesión, siempre antes del primer intento de cobro y también cada vez que el prestatario lo pida: la cesión y su fecha, la identidad y el contacto del comprador y del administrador designado —con prueba de su autorización—, un punto de contacto claro, un desglose de lo adeudado separando capital, intereses, comisiones y otros gastos, la autoridad ante la que reclamar y una declaración expresa de que todo el Derecho de consumo, europeo y nacional, sigue aplicándose. En papel u otro soporte duradero y «en un lenguaje claro y comprensible para el público en general».
Conviene decirlo sin rodeos: estas obligaciones son hoy, en España, un estándar europeo pendiente de convertirse en ley nacional. Regirán aquí cuando la transposición llegue.
La venta de tu deuda no recorta tus derechos
El principio vertebral de la directiva está en su artículo 17.2, y merece cita literal: «El nivel de protección previsto para los consumidores y otros prestatarios en virtud del Derecho de la Unión y nacional, así como la normativa en materia de insolvencia, no se verá afectado por la cesión al comprador de créditos de los derechos del acreedor derivados del contrato de crédito, o del propio contrato de crédito».
Es decir: el fondo compra el crédito, no una versión rebajada de tus garantías. Las normas sobre protección de consumidores, ejecución de contratos, derechos de los prestatarios, secreto bancario y Derecho penal continúan aplicándose después de la venta exactamente igual que antes. La directiva añade incluso que, cuando el crédito dudoso se celebró con un consumidor, el comprador debe designar un administrador autorizado para gestionarlo — la deuda no puede quedar en manos de un cobrador sin supervisión.
España, sin transponerla y demandada ante el TJUE
El artículo 32 de la directiva dio de plazo hasta el 29 de diciembre de 2023 para adoptar y publicar las normas nacionales, aplicables desde el día siguiente. Ese plazo venció sin ley española, y la cronología desde entonces es esta:
- Enero de 2024. La Comisión Europea abre procedimiento de infracción contra España por no comunicar medidas de transposición (expediente INFR(2024)0047).
- Julio de 2024. La Comisión envía dictamen motivado —el último aviso formal antes del tribunal— a doce Estados miembros, España entre ellos.
- 12 de febrero de 2025. La Comisión lleva a España ante el Tribunal de Justicia de la UE, junto a otros seis Estados, con petición de sanciones económicas.
- Marzo de 2025. El Gobierno presenta en el Congreso el Proyecto de Ley de administradores y compradores de créditos (121/000049), publicado en el Boletín Oficial de las Cortes el 14 de marzo de 2025. Desde entonces permanece en fase de enmiendas, con plazos ampliados de forma sucesiva; el último se extiende hasta el 7 de octubre de 2026.
Según la página de seguimiento de la propia Comisión, a diciembre de 2025 veintiséis de los veintisiete Estados miembros habían comunicado medidas completas de transposición; España era el único sin comunicar ninguna. El procedimiento ante el TJUE sigue pendiente: España está demandada, no condenada, y nada permite aventurar cuándo se aprobará la ley.
Qué te protege hoy mientras la ley no llega
Una directiva sin transponer no puede invocarse directamente contra un fondo privado en un pleito: su eficacia directa solo opera frente al Estado. Pero eso no deja al prestatario español a la intemperie, porque la protección efectiva viene hoy de la normativa nacional vigente: la ley general de consumidores, la Ley 16/2011 de crédito al consumo, el artículo 1535 del Código Civil y la normativa de protección de datos (RGPD y LOPDGDD), junto con la jurisprudencia que las interpreta.
Esa es la paradoja de esta historia: mientras el escudo europeo espera en el Congreso, el escenario que más daño causa —que el fondo comprador inscriba en un fichero una deuda que no cumple los requisitos— ya es reclamable con la ley española de hoy. Veritua estudia tu caso gratis, con abogado colegiado, y de los trámites nos encargamos nosotros de principio a fin. Sin coste por adelantado: los honorarios solo se cobran a éxito.