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Gastos de hipoteca: cómo quedó el reparto tras la C-224/19

De la STS 705/2015 al TJUE: qué parte de los gastos de tu hipoteca corresponde al banco, partida a partida, y por qué la prescripción sigue en debate.

Llaves de una vivienda junto a un montón de facturas pagadas sobre un escritorio
Publicado porEquipo Veritua
Revisión jurídicaAbogado colegiado propio de Veritua
Última revisión · publicado el
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En cinco años, tres sentencias cambiaron quién paga los gastos de firmar una hipoteca. El Tribunal Supremo anuló en 2015 la cláusula que te los cargaba todos, en 2019 fijó el reparto partida a partida y en 2020 el Tribunal de Justicia de la UE confirmó el criterio y puso freno a la prescripción. Por esa cadena, hoy los gastos de formalización de tu hipoteca se pueden reclamar aunque la firmaras hace años. Esta es la cronología.

Respuesta rápida

La notaría se reparte a medias entre banco y cliente. El registro de la propiedad y la gestoría corresponden íntegros al banco, igual que la tasación en hipotecas anteriores a la Ley 5/2019 (LCCI). Así lo fijó la STS 49/2019. El AJD depende del año: antes de noviembre de 2018 lo pagaba el prestatario y normalmente no se recupera. Este reparto cubre las hipotecas firmadas antes del 16 de junio de 2019.

2015: el Supremo tumba la cláusula de "todos los gastos"

Durante décadas, la mayoría de escrituras hipotecarias incluyeron una cláusula casi idéntica. Todos los gastos de la operación —notaría, registro, gestoría, tasación— corrían a cargo del prestatario, es decir, de ti. El banco redactaba, el banco imponía la gestoría y el tasador, y tú pagabas las facturas de todos.

La STS 705/2015, de la Sala Primera del Tribunal Supremo, declaró nula por abusiva esa cláusula de atribución indiscriminada de gastos. Nula significa que se tiene por no puesta: es como si nunca hubiera existido en tu escritura. Pero la sentencia dejó una pregunta abierta: si la cláusula desaparece, ¿quién debería haber pagado cada factura? Esa indefinición provocó años de criterios dispares entre audiencias provinciales, con la misma factura resuelta de forma distinta según la provincia.

2019: el reparto, partida a partida

La STS 49/2019 fijó el reparto concreto de cada gasto. La dictó la Sala Primera del Tribunal Supremo y se aplica desde entonces: el registro de la propiedad corresponde íntegro al banco, la gestoría también íntegra, y la notaría se reparte a medias. La tasación corresponde íntegra al banco en las hipotecas anteriores a la LCCI, la ley que después ordenó los gastos por escrito.

El AJD —el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados, el tributo que grava la escritura— va aparte: antes del cambio legal de noviembre de 2018 quedaba a cargo del prestatario, así que normalmente no se recupera y se separa siempre del cálculo. Tampoco hay que confundir los gastos con la comisión de apertura, que es un cargo del propio banco con línea de reclamación propia y su propia sentencia europea, la C-565/21.

El reparto, con facturas delante: de una notaría de 950 €, la mitad sería reclamable; un registro de 350 € lo sería íntegro, y una gestoría de 400 €, también íntegra. En el sector, las sentencias públicas se mueven en un rango de 1.500 a 4.500 € por hipoteca, una cifra orientativa que nunca es promesa de resultado.

Nota orientativa: Es orientativa: depende de los gastos concretos y del año de escritura.

2020: Europa confirma y frena la prescripción

El Tribunal de Justicia de la UE respaldó el criterio español. Lo hizo el 16 de julio de 2020, en la STJUE C-224/19 y C-259/19, dos asuntos acumulados sobre casos españoles (Caixabank y BBVA). Confirmó dos cosas. La primera: la restitución debe ser efectiva, es decir, anulada la cláusula, el consumidor debe recuperar lo que no habría pagado si esa cláusula no hubiera existido. La segunda afecta al reloj:

"El artículo 6, apartado 1, y el artículo 7, apartado 1, de la Directiva 93/13/CEE deben interpretarse en el sentido de que se oponen a que un plazo de prescripción de la acción de restitución empiece a correr antes de que el consumidor haya podido tener conocimiento de la abusividad."

— STJUE C-224/19 y C-259/19, caso Caixabank y BBVA, 16 de julio de 2020

Conviene situar bien el mérito de cada tribunal: el TJUE no inventó el reparto —eso lo había hecho el Tribunal Supremo en la STS 49/2019—, sino que blindó el derecho a cobrarlo. Un plazo de prescripción que corre sin que sepas que tu cláusula era abusiva vaciaría el derecho de contenido, y eso es justo lo que la sentencia prohíbe.

Qué hipotecas quedan dentro y cuáles fuera

La frontera es el 16 de junio de 2019. Ese día entró en vigor la Ley 5/2019 (LCCI), la ley de crédito inmobiliario que fijó por escrito el reparto legal de gastos para las hipotecas firmadas a partir de entonces. Toda la línea jurisprudencial sobre los gastos de hipoteca cubre, por tanto, las anteriores a esa fecha, que son las que llevaban la cláusula de "todos los gastos".

Dos aclaraciones que generan muchas dudas. La primera: que la hipoteca siga viva no es requisito. El criterio alcanza igual a hipotecas canceladas, subrogadas a otro banco o de viviendas ya vendidas, porque lo que se restituye son facturas pagadas en su momento. La segunda: un préstamo personal queda fuera, porque no tiene gastos de formalización de este tipo.

El plazo: cinco años con el cómputo en debate

Conviene distinguir dos acciones que suelen mezclarse. La nulidad de la cláusula no prescribe: puede declararse en cualquier momento. La restitución del dinero, en cambio, tiene un plazo de cinco años. Y la discusión viva está en desde cuándo se cuentan: el Tribunal Supremo español abrió ese debate en 2018, y el TJUE sostuvo en 2020 que el plazo no puede empezar antes de que el consumidor haya podido conocer la abusividad.

El cómputo, hoy, se resuelve juzgado por juzgado. Por eso ninguna fecha límite genérica es fiable, ni para dar un caso por perdido ni para darlo por seguro: la viabilidad de cada escritura se estudia una a una.

¿Y tu caso? La respuesta está en la escritura

La doctrina sobre los gastos es general. Tu hipoteca, en cambio, es concreta. Saber si el reparto te alcanza exige tener la escritura delante: comprobar que lleva la cláusula de gastos, clasificar cada factura según el criterio de la STS 49/2019 y sumar los intereses legales desde cada pago. No importa que no conserves los papeles de la firma: con tu mandato, Veritua pide la documentación al banco, a la notaría y a la gestoría —así funciona el proceso completo— y se encarga de todos los trámites de principio a fin. El estudio no te adelanta ningún coste: pagas 0 € al empezar y solo hay honorarios si recuperas dinero. Y si al revisar la escritura aparece además una cláusula suelo —la línea que arrancó con el caso Gutiérrez Naranjo—, a veces ambas se reclaman en el mismo procedimiento.

Preguntas frecuentes

¿Qué decidió exactamente el TJUE en C-224/19?

Que la nulidad de la cláusula de gastos implica restituir al consumidor lo que no habría pagado si la cláusula no hubiera existido, y que el plazo de prescripción no puede impedir el ejercicio efectivo de ese derecho. El reparto concreto por partida no lo inventó el TJUE: lo había fijado antes el Tribunal Supremo en la STS 49/2019.

¿La sentencia obliga al banco a devolver todos los gastos de la firma?

No. El reparto es partida a partida según la STS 49/2019: registro y gestoría íntegros, la mitad de la notaría y, en hipotecas anteriores a la LCCI, la tasación. El importe reclamable siempre es menor que el total pagado el día de la firma.

¿Aplica a una hipoteca firmada después de junio de 2019?

No. La Ley 5/2019 (LCCI) ya fijaba el reparto legal de gastos para las hipotecas firmadas desde el 16 de junio de 2019. Esta línea jurisprudencial cubre las anteriores a esa fecha.

¿Está prescrito si la hipoteca es de hace muchos años?

La nulidad de la cláusula no prescribe; la devolución de cantidades tiene plazo de cinco años y el TJUE sostuvo que no puede empezar a correr antes de que el consumidor haya podido conocer la abusividad. El cómputo se discute juzgado por juzgado, así que se estudia caso a caso.

¿Y el AJD entra en la devolución?

Antes del cambio legal de noviembre de 2018, el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados quedaba a cargo del prestatario, así que normalmente no se recupera. Por eso se separa siempre del resto de partidas al hacer el cálculo.

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