Pieza actualizada a octubre de 2026. La futura Autoridad Administrativa Independiente de Defensa del Cliente Financiero acumula titulares que la dan por aprobada o «ya en el Senado». Ninguna de las dos cosas es cierta. Aquí está lo que dice el texto del proyecto, dónde está de verdad su tramitación y qué seguiría dependiendo del estudio de tu contrato aunque la autoridad existiera mañana.
¿Qué va a cambiar con la nueva autoridad? Respuesta rápida
Todavía nada: sigue siendo un proyecto de ley en el Congreso —no en el Senado, pese a los titulares— y no tiene fecha. Si saliera adelante como está redactado, el proyecto prevé resoluciones que obligarían a la entidad en reclamaciones de menos de 20.000 €, resueltas en un máximo de 90 días naturales y sin coste para el cliente. Lo que no cambiaría: saber qué reclamar de un contrato seguiría siendo estudio jurídico.
Qué prevé el texto del proyecto
El corazón del proyecto es la resolución vinculante, la que obliga a la entidad a cumplir lo resuelto. Según su artículo 42, la autoridad resolvería con ese carácter las reclamaciones sobre incumplimientos de normativa de conducta y cláusulas abusivas cuando el importe reclamado sea inferior a 20.000 €, y también las de cuantía indeterminada. Ese umbral cubriría la mayoría de las reclamaciones de consumo: los intereses de una tarjeta revolving, por ejemplo, suelen quedar muy por debajo. La propia exposición de motivos aclara que la cifra sería modificable por vía reglamentaria.
En plazos, el artículo 39 prevé una propuesta de resolución en 45 días hábiles, la resolución definitiva en otros 20, y un tope total de 90 días naturales desde la presentación hasta la notificación. El procedimiento sería además gratuito para el cliente, sin exigencia de abogado ni procurador. Conviene leer esa gratuidad en sus justos términos: regula lo que costaría el trámite, no lo que hay dentro. Qué cláusulas de un contrato tienen recorrido, con qué base y por cuánto se determina antes de presentar nada — y ese estudio es el que hacemos nosotros.
El texto tiene también sus fronteras. El artículo 43 reserva resoluciones no vinculantes para el resto de supuestos: importes de 20.000 € o más, buenas prácticas financieras y reclamaciones sin contenido económico. Y el artículo 45 prevé que frente a las resoluciones vinculantes quepa demanda judicial. Un matiz obligatorio: todo lo anterior es el texto del proyecto sin enmiendas incorporadas; el umbral y los plazos pueden cambiar cuando la comisión apruebe su dictamen.
Qué cambiaría para ti — y qué seguiría igual
Hoy, quien reclama ante el supervisor obtiene como mucho un informe que la entidad puede ignorar sin consecuencias; por qué ese informe no obliga al banco lo contamos al analizar la Memoria de Reclamaciones del Banco de España. Frente a eso, una resolución de obligado cumplimiento en reclamaciones pequeñas y medianas sería un cambio real: la diferencia entre tener la razón por escrito y que la razón se ejecute.
Lo que ninguna autoridad hará, exista o no: leer tu contrato, identificar qué cláusulas son reclamables, con qué doctrina se sostienen y qué cantidad está en juego. Eso es trabajo jurídico previo a cualquier reclamación, y de ese trabajo nos encargamos nosotros. La vía judicial, además, no desaparecería: el propio proyecto admite demanda frente a sus resoluciones vinculantes, y las cuantías mayores quedarían directamente fuera del tramo que obliga.
En qué punto real está la tramitación (datos a 4 de octubre de 2026)
Todo lo fechable de esta pieza vive en esta sección, verificado contra fuentes primarias el 4 de octubre de 2026.
- La ficha oficial. El proyecto de ley 121/000018 de la XV Legislatura se presentó el 21 de marzo de 2024 y se publicó en el BOCG el 5 de abril de 2024. Según la ficha del Congreso, está en la Comisión de Economía, Comercio y Transformación Digital, en fase de informe —el paso en que la ponencia estudia las enmiendas antes del dictamen de la comisión— desde el 5 de diciembre de 2024. El plazo de enmiendas se amplió repetidamente entre abril y diciembre de 2024.
- La votación citable. En el debate de totalidad del 21 de noviembre de 2024, la enmienda de devolución —la que pide rechazar el proyecto entero— se rechazó por 170 votos a favor, 178 en contra y 1 abstención.
- El malentendido del Senado, deshecho. El «ya en el Senado» que circula corresponde a otro proyecto: el de la XIV Legislatura, aprobado por el Pleno del Congreso en mayo de 2023 y remitido entonces al Senado, que caducó con la disolución de las Cortes ese mismo año. El proyecto vivo nunca ha salido del Congreso.
- Lo de septiembre. El 24 de julio de 2026, una nota de La Moncloa recogió el compromiso del Gobierno de impulsar la tramitación en la Comisión de Economía en septiembre de 2026. Es un compromiso, no un hito parlamentario: a fecha de esta actualización, la ficha oficial no refleja ningún movimiento nuevo.
No hay fecha de aprobación ni de entrada en funcionamiento, y cualquier titular que la dé por hecha va por delante de la ficha oficial.
Qué puedes resolver sin esperar a la ley
Las reclamaciones de hoy se rigen por el régimen vigente, y nada obliga a dejarlas en pausa hasta que una ley sin calendario llegue al BOE: los contratos reclamables de hoy lo son con las reglas de hoy. La parte que ninguna reforma automatiza —estudiar el contrato, medir el recorrido de cada cláusula y elegir la vía adecuada— es trabajo jurídico, y de los trámites nos encargamos nosotros de principio a fin. Empezar no exige poner dinero: 0 € por adelantado, y los honorarios se devengan únicamente si la reclamación tiene éxito.
Historial de la pieza
- 4 de octubre de 2026 — publicación inicial, con la ficha del Congreso, el BOCG y la nota de La Moncloa consultados ese mismo día.