La sentencia del Tribunal de Justicia de la UE en el asunto C-565/21, de 16 de marzo de 2023, cambió el terreno de juego de la comisión de apertura: dejó de ser un "precio" que los jueces no podían tocar y pasó a ser una cláusula sometida a examen. Desde entonces, quien tiene que justificarla es el banco, y por eso la comisión de apertura de tu hipoteca se puede reclamar. Aquí te contamos qué dijo exactamente el tribunal y por qué importa.
Qué decidió el TJUE el 16 de marzo de 2023
La comisión de apertura es la cantidad que la entidad cobra al inicio de la hipoteca, calculada como un porcentaje sobre el capital, supuestamente por "los estudios y la puesta a disposición del crédito". En la práctica, muchas veces se cargó sin desglosar qué servicio concreto retribuía.
La cuestión que llegó a Luxemburgo era si esa comisión forma parte del objeto principal del contrato — es decir, del precio pactado entre las partes, que un juez no puede revisar mientras esté redactado con claridad. El TJUE respondió que no: la comisión de apertura no es objeto principal del préstamo y, por tanto, el juez puede controlar tanto su transparencia como su posible carácter abusivo.
La parte dispositiva lo expresa así, literalmente:
"Los artículos 3 a 5 de la Directiva 93/13/CEE no se oponen a una jurisprudencia nacional que considera que la cláusula de un contrato de préstamo celebrado con un consumidor que impone al mismo el pago de una comisión de apertura puede, en su caso, no causar, en detrimento del consumidor, un desequilibrio importante entre los derechos y las obligaciones de las partes, siempre que la posible existencia de dicho desequilibrio sea objeto de un control efectivo por el juez competente."
— STJUE C-565/21, de 16 de marzo de 2023
Conviene leerlo sin triunfalismos: la sentencia no declaró nulas todas las comisiones de apertura por el hecho de existir. Lo que fijó es que el desequilibrio debe someterse a un control efectivo por el juez — y, como se ve a continuación, quién carga con la prueba en ese control.
El triple test: qué debe acreditar la entidad
Del criterio europeo, tal y como lo aplican los tribunales españoles, sale un estándar de tres piezas. Para que el cobro se sostenga, la entidad debe acreditar:
- Servicio concreto e individualizado. Que la comisión retribuye gestiones reales hechas para ese préstamo en particular, no un concepto genérico de "apertura".
- Proporcionalidad. Que su importe guarda relación razonable con el capital y con el servicio prestado.
- Información clara previa. Que se explicó con transparencia antes de la firma, de modo que quien firmaba pudiera entender qué pagaba y por qué.
Si falta cualquiera de las tres, la cláusula cae. Y lo decisivo es sobre quién recae demostrarlo: no es el consumidor quien debe probar que la comisión era injustificada, sino el banco quien debe documentar el servicio. Esa inversión de la carga de la prueba es el corazón práctico de la sentencia.
Por qué decayó el argumento "es precio y no se revisa"
Hasta 2023, la defensa habitual de las entidades era que la comisión de apertura formaba parte del precio del préstamo — y el precio, mientras esté redactado de forma clara, queda fuera del control de abusividad. Con ese planteamiento, el debate se cerraba antes de empezar: no había nada que examinar.
C-565/21 desmonta esa posición en su raíz. Al situar la comisión fuera del objeto principal del contrato, abre la puerta del control judicial pleno: transparencia y abusividad. El resultado es que el escenario procesal se invierte. Antes, el consumidor peleaba contra una etiqueta de "precio"; ahora es la entidad la que tiene que enseñar qué estudios hizo, qué gestiones realizó y cómo lo explicó antes de la firma. Cuando el expediente no contiene nada de eso — lo más frecuente en comisiones cobradas como porcentaje fijo sin desglose —, la cláusula no supera el examen.
STS 816/2023: el Supremo traslada la doctrina
El Tribunal Supremo, en la sentencia 816/2023 de la Sala Primera, incorporó la doctrina europea al derecho interno: la comisión de apertura es controlable por transparencia y abusividad, y su nulidad conlleva la restitución de lo cobrado.
Un matiz importante para quien firmó hace muchos años: la sentencia europea no creó un derecho nuevo. Fijó cómo debe controlarse una cláusula que ya estaba en contratos firmados mucho antes de 2023. Por eso el criterio sirve para hipotecas muy anteriores a esa fecha: lo que cuenta es la cláusula y la información previa que hubo, no el año de la escritura.
Qué significa la nulidad y hasta cuándo
Si la cláusula se declara nula, la consecuencia es la restitución: la entidad devuelve lo cobrado por la comisión más el interés legal del dinero desde la fecha del pago. El resto de la hipoteca sigue viva sin cambios.
Un ejemplo ilustrativo del mecanismo: en una hipoteca de 150.000,00 € con una comisión de apertura del 1 %, se cargaron 1.500,00 € al firmar. Lo que se restituye es esa cantidad más el interés legal acumulado desde aquel día — en hipotecas antiguas, ese interés pesa.
Nota orientativa: La cantidad depende de la comisión pagada y del control de transparencia aplicable.
En cuanto al plazo, conviene separar dos cosas. La nulidad de la cláusula abusiva no caduca. La acción para recuperar el dinero, en cambio, tiene un plazo de cinco años — y el arranque de ese cómputo sigue en debate, con interpretaciones favorables que lo sitúan en la fecha de la propia sentencia europea, porque hasta entonces el criterio no estaba asentado. No es una cuestión resuelta: se estudia caso a caso, sin urgencias inventadas.
Qué hacemos con tu escritura si encaja
Desde marzo de 2023 la respuesta de las entidades es desigual: algunas devuelven de oficio o aceptan un acuerdo antes del juicio, y otras solo rectifican tras la demanda. El criterio jurídico que se invoca, en cambio, es el mismo en todos los casos: C-565/21 y STS 816/2023, con la carga de la prueba sobre el banco.
No hace falta conservar la escritura ni el FIPER (la ficha de información previa que la entidad debía entregar antes de la firma): con tu mandato, se piden directamente al banco ejerciendo la obligación de hacer — el deber legal de la entidad de entregar la documentación del contrato. Nuestro abogado colegiado analiza la cláusula y la información previa con el triple test, y te decimos con claridad si hay caso. De todos los trámites nos encargamos nosotros, sin coste por adelantado: los honorarios solo se cobran a éxito.