La sentencia del Tribunal de Justicia de la UE en el asunto C-565/21, de 16 de marzo de 2023, cambió el terreno de juego de la comisión de apertura, y es la razón de que hoy la comisión de apertura de tu hipoteca se pueda reclamar con un criterio europeo detrás. Aquí te contamos qué dijo exactamente el tribunal y por qué importa.
¿Declaró abusiva el TJUE la comisión de apertura?
La comisión de apertura no es abusiva por sí misma. La C-565/21 fijó que no forma parte del precio del préstamo y que, por tanto, un juez español puede controlar su transparencia y su carácter abusivo. Para que el cobro se sostenga, es la entidad quien debe probar que retribuye un servicio real, que es proporcional y que se explicó antes de la firma: el triple test.
Qué decidió el TJUE el 16 de marzo de 2023
La comisión de apertura se cobra al inicio de la hipoteca. Es una cantidad que la entidad calcula como un porcentaje sobre el capital, supuestamente por "los estudios y la puesta a disposición del crédito". En la práctica, muchas veces se cargó sin desglosar qué servicio concreto retribuía.
La cuestión que llegó a Luxemburgo era si esa comisión forma parte del objeto principal del contrato — es decir, del precio pactado entre las partes, que un juez no puede revisar mientras esté redactado con claridad. El TJUE respondió que no: la comisión de apertura no es objeto principal del préstamo y, por tanto, el juez puede controlar tanto su transparencia como su posible carácter abusivo.
La parte dispositiva es un ejercicio de triple negación que conviene desenredar antes de leerla. Traducido: la comisión de apertura no es nula por el mero hecho de existir, pero tampoco está blindada — su posible desequilibrio tiene que poder examinarse de verdad ante el juez, y en ese examen es el banco quien carga con la prueba. El núcleo de la literalidad dice así:
"[…] la cláusula de un contrato de préstamo celebrado con un consumidor que impone al mismo el pago de una comisión de apertura puede, en su caso, no causar, en detrimento del consumidor, un desequilibrio importante […], siempre que la posible existencia de dicho desequilibrio sea objeto de un control efectivo por el juez competente."
— STJUE C-565/21, caso Caixabank, 16 de marzo de 2023
El triple test: qué debe acreditar la entidad
Del criterio europeo sale un estándar de tres piezas. Así lo aplican los tribunales españoles. Para que el cobro se sostenga, la entidad debe acreditar:
- Servicio concreto e individualizado. Que la comisión retribuye gestiones reales hechas para ese préstamo en particular, no un concepto genérico de "apertura".
- Proporcionalidad. Que su importe guarda relación razonable con el capital y con el servicio prestado.
- Información clara previa. Que se explicó con transparencia antes de la firma, de modo que quien firmaba pudiera entender qué pagaba y por qué.
Si falta cualquiera de las tres, la cláusula cae. Y lo decisivo es sobre quién recae demostrarlo: no es el consumidor quien debe probar que la comisión era injustificada, sino el banco quien debe documentar el servicio. Esa inversión de la carga de la prueba es el corazón práctico de la sentencia.
Por qué decayó el argumento "es precio y no se revisa"
Hasta 2023, las entidades defendían que la comisión de apertura era precio. Y el precio del préstamo, mientras esté redactado de forma clara, queda fuera del control de abusividad. Con ese planteamiento, el debate se cerraba antes de empezar: no había nada que examinar.
C-565/21 desmonta esa posición en su raíz. Al situar la comisión fuera del objeto principal del contrato, abre la puerta del control judicial pleno en España: transparencia y abusividad. El resultado es que el escenario procesal se invierte. Antes, el consumidor peleaba contra una etiqueta de "precio"; ahora es la entidad la que tiene que enseñar qué estudios hizo, qué gestiones realizó y cómo lo explicó antes de la firma. Cuando el expediente no contiene nada de eso — lo más frecuente en comisiones cobradas como porcentaje fijo sin desglose —, la cláusula no supera el examen.
STS 816/2023: el Supremo traslada la doctrina
El Tribunal Supremo incorporó la doctrina europea al derecho español. Lo hizo en la sentencia 816/2023 de la Sala Primera: la comisión de apertura es controlable por transparencia y abusividad, y su nulidad conlleva la restitución de lo cobrado.
Un matiz importante para quien firmó hace muchos años: la C-565/21 no creó un derecho nuevo. Fijó cómo debe controlarse una cláusula que ya estaba en contratos firmados mucho antes de 2023. Por eso el criterio sirve para hipotecas muy anteriores a esa fecha: lo que cuenta es la cláusula y la información previa que hubo, no el año de la escritura.
Qué significa la nulidad y hasta cuándo
La nulidad de la cláusula obliga a restituir lo cobrado. La entidad devuelve el importe de la comisión más el interés legal del dinero desde la fecha del pago. El resto de la hipoteca sigue viva sin cambios.
Para ver el mecanismo con números: en una hipoteca de 150.000 € con una comisión de apertura del 1 %, se cargaron 1.500 € al firmar. Lo que se restituye es esa cantidad más el interés legal acumulado desde aquel día — en hipotecas antiguas, ese interés pesa.
Nota orientativa: La cantidad depende de la comisión pagada y del control de transparencia aplicable.
En cuanto al plazo, conviene separar dos cosas. La nulidad de la cláusula abusiva no caduca. La acción para recuperar el dinero, en cambio, tiene un plazo de cinco años — y el arranque de ese cómputo sigue en debate, con interpretaciones favorables que lo sitúan en la fecha de la sentencia europea C-565/21, porque hasta entonces el criterio no estaba asentado. No es una cuestión resuelta: se estudia caso a caso, sin urgencias inventadas.
Si tu hipoteca tuvo comisión de apertura
Desde marzo de 2023 la respuesta de las entidades es desigual. Algunas devuelven o aceptan un acuerdo antes del juicio, y otras solo rectifican tras la demanda. El criterio que se les opone, en cambio, es el mismo en todos los casos: C-565/21 y STS 816/2023, con la prueba del lado del banco.
Tampoco necesitas tener a mano la escritura ni el FIPER (la ficha de información previa que la entidad debía entregar antes de la firma): con tu mandato, la documentación se solicita directamente a la entidad — así funciona el proceso de principio a fin. Nuestro abogado colegiado examina la cláusula y la información previa con el triple test y, si la comisión no lo supera, de toda la reclamación nos encargamos nosotros. Empezar no te cuesta nada: 0 € por adelantado, y los honorarios llegan únicamente si recuperas tu dinero.
