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Ficheros de morosos: las cuatro sentencias del Pleno de 2022

Qué fijó el Pleno del Supremo en 2022 sobre ficheros de morosos: el requerimiento debe constar recibido y cuándo no hay vulneración del honor.

Sobre de correo certificado sobre una mesa de madera
Publicado porEquipo Veritua
Revisión jurídicaAbogado colegiado propio de Veritua
Última revisión · publicado el
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En dos días de diciembre de 2022, el Pleno de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo dictó cuatro sentencias sobre la misma materia para zanjar una pregunta que las audiencias provinciales resolvían cada una a su manera: cuándo la inclusión en un fichero de morosos vulnera el derecho al honor.

¿Qué fijó el Pleno de diciembre de 2022?

En diciembre de 2022 el Tribunal Supremo español fijó dos doctrinas. Siguen decidiendo estos casos hoy. La primera: el requerimiento previo de pago es recepticio, de modo que debe existir constancia razonable de que llegó a su destinatario; la ley no exige fehaciencia y esa constancia puede probarse por cualquier medio, incluidas las presunciones. La segunda, la restrictiva: que el crédito fuera usurario no vulnera el honor por sí solo si el deudor nunca manifestó su disconformidad ni intentó devolver el capital recibido.

Dos días de diciembre, cuatro sentencias

El Pleno de la Sala Primera dictó cuatro sentencias en 2022. Son las 945, 946, 959 y 960/2022: las dos primeras, de 20 de diciembre; las otras dos, del día 21. Que se dictaran en bloque no es casualidad: cuando el Supremo reúne al Pleno es porque quiere fijar doctrina y acabar con las resoluciones contradictorias de los tribunales inferiores.

El resultado fueron dos criterios —uno que protege al consumidor y otro que lo limita— que casi cuatro años después siguen siendo la base sobre la que se decide la reclamación por inclusión indebida en un fichero de morosos. Quien hoy aparece en ASNEF, Experian o el RAI y se pregunta si su inclusión fue lícita se mide, antes que nada, contra lo que el Pleno dijo en esos dos días.

El requerimiento previo tiene que constar recibido

El acreedor debe requerir el pago antes de comunicar el dato. Así lo exige, antes de que la deuda llegue a un fichero, el artículo 20.1 de la Ley Orgánica 3/2018, la LOPDGDD. Lo que el Pleno de diciembre de 2022 fijó es que ese requerimiento es recepticio: no basta con enviarlo sin más, debe existir constancia razonable de su recepción. El Pleno precisó que la ley no exige fehaciencia y que esa constancia puede acreditarse por presunciones o por cualquier medio de prueba, de forma casuística: en uno de los casos bastó una carta ordinaria no devuelta al domicilio del contrato; en otro, dos correos electrónicos a la dirección facilitada por la deudora.

El matiz cambia quién tiene que demostrar qué. La carga de probar que el requerimiento se recibió es del acreedor que comunicó el dato, no del consumidor. Y es exactamente el papel que se pierde con más frecuencia: cuando una deuda se vende de un fondo a otro —algo habitual en carteras de impagados—, el expediente con el acuse de recibo rara vez viaja con ella. Su peso depende del caso: el Tribunal Supremo valora si la omisión o el defecto del requerimiento frustró realmente su finalidad.

Cuándo no hay vulneración del honor

Un crédito usurario no vulnera el honor por sí solo. Es la cara menos amable del Pleno de diciembre de 2022, y conviene contarla de frente: estar fichado por un crédito que resultó usurario no vulnera el honor si el deudor nunca manifestó su disconformidad ni intentó devolver el capital recibido.

No lo suavizamos porque no ayuda a nadie: hay personas en un fichero que, por esta vía concreta, no tienen caso. Decirlo claro es parte del trabajo. Lo que no significa es que su inclusión fuera lícita.

El caso inverso: haber reclamado antes del fichaje

El criterio restrictivo de 2022 tiene su cara simétrica. La fijó la STS 362/2026, de 6 de marzo, que distingue entre la controversia surgida después de la inclusión y la anterior a ella, y la aplicó después la STS 1314/2026, de 23 de julio: una cosa es no haber dicho nada y otra haber reclamado formalmente antes del fichaje. Ninguna de las dos es sentencia de Pleno. Ese supuesto está contado en detalle en la guía sobre la sentencia de 2026.

Y hay algo más que las cuatro sentencias de 2022 no tocan: los demás requisitos del artículo 20.1 de la LOPDGDD siguen operando por su cuenta. La deuda tiene que ser cierta, vencida y exigible; el principal, de al menos 50 €; y el dato no puede permanecer más de cinco años. Que a alguien no le alcance la doctrina de 2026 ni le sirva la del requerimiento no cierra la puerta: la inclusión puede haber fallado por cualquiera de estos otros frentes, y cada uno se comprueba por separado.

De la doctrina a tu caso: las tres comprobaciones

Toda inclusión se examina con tres comprobaciones concretas. De las cuatro sentencias del Pleno de 2022 sale ese examen: si el requerimiento previo consta recibido —y con qué prueba, que debe aportar el acreedor—, si hubo disconformidad manifestada antes del fichaje y si el resto de requisitos legales se cumplía. Esa revisión la hace nuestro abogado colegiado con tu mandato y hoja de encargo: Veritua solicita al acreedor la prueba de la recepción, examina la ficha del registro y determina si la inclusión fue lícita. Y si lo que te preocupa es el dato en sí, cómo se tramita la baja de un fichero de morosos está contado en su propia guía, con sus pasos y sus plazos.

Cuando la inclusión resulta indebida, la ley presume el perjuicio y el Supremo no admite indemnizaciones simbólicas (SSTS 130/2020, 910/2023 y 1476/2023): la reparación de un derecho fundamental tiene que ser real y efectiva. Eso no se traduce en cifras altas: la serie de sentencias de 2026 ha moderado las cuantías y, sin un perjuicio concreto acreditado, la mayoría de los casos recientes se resuelve entre 1.500 € y 3.000 €. Lo que mueve la cifra dentro de ese rango es cuánto tiempo estuvo publicado el dato y a cuántos terceros llegó, no cuánto se debiera. Empezar el estudio no cuesta nada —0 € por adelantado— y solo hay honorarios si tu reclamación prospera.

Nota orientativa: La indemnización por daño moral la fija el juez caso a caso. Depende del tiempo que estuviste en el fichero y de cuántas entidades consultaron tus datos, no del importe de la deuda.

Preguntas frecuentes

¿Qué sentencias forman el Pleno de diciembre de 2022?

Cuatro de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo: las 945/2022 y 946/2022, de 20 de diciembre, y las 959/2022 y 960/2022, de 21 de diciembre. Resolvieron de forma conjunta cuándo la inclusión en un fichero de solvencia vulnera el derecho al honor, para unificar el criterio de las audiencias provinciales.

¿Qué significa que el requerimiento previo sea «recepticio»?

Que no basta con que el acreedor lo envíe: tiene que poder acreditar que llegó a su destinatario. Una llamada o un SMS no lo cumplen. La carga de probar esa recepción es del acreedor que comunicó el dato al fichero.

Nunca discutí mi deuda y me ficharon. ¿Puedo reclamar por mi honor?

Por el solo hecho de que el crédito fuera usurario, no: ese es el criterio restrictivo del Pleno de 2022. Pero la inclusión puede ser ilícita por otro requisito distinto, como que el requerimiento de pago no conste recibido, que el importe no coincida o que el dato lleve más de cinco años. Es lo primero que se revisa en cada caso.

¿Estas sentencias siguen vigentes tras la de 2026?

Sí, y son la base. La sentencia 1314/2026, de 23 de julio, no fija doctrina nueva: aplica la de la STS 362/2026, de 6 de marzo, sobre la deuda ya impugnada antes del fichaje. Lo que sí ha evolucionado es el requerimiento previo: junto a su carácter recepticio, la Sala viene aplicando su carácter funcional, según el cual un requerimiento defectuoso —o incluso su ausencia— no vulnera el honor cuando no habría evitado que el impago continuara (SSTS 5/2026, de 8 de enero, y 1223/2026, de 20 de julio).

¿De cuánto son las indemnizaciones en estos casos?

La serie de sentencias de 2026 del Supremo modera las cuantías: sin un perjuicio concreto acreditado, la mayoría de los casos recientes queda entre 1.500 € y 3.000 €, con independencia del importe de la deuda. Tampoco se admiten indemnizaciones simbólicas (SSTS 130/2020, 910/2023 y 1476/2023): la cifra la fija el juez según el tiempo en el fichero y la difusión del dato, y nunca es una promesa de resultado.

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