En dos días de diciembre de 2022, el Pleno de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo dictó cuatro sentencias sobre la misma materia para zanjar una pregunta que las audiencias provinciales resolvían cada una a su manera: cuándo la inclusión en un fichero de morosos vulnera el derecho al honor.
¿Qué fijó el Pleno de diciembre de 2022?
En diciembre de 2022 el Tribunal Supremo español fijó dos doctrinas. Siguen decidiendo estos casos hoy. La primera: el requerimiento previo de pago es recepticio, de modo que debe existir constancia razonable de que llegó a su destinatario; la ley no exige fehaciencia y esa constancia puede probarse por cualquier medio, incluidas las presunciones. La segunda, la restrictiva: que el crédito fuera usurario no vulnera el honor por sí solo si el deudor nunca manifestó su disconformidad ni intentó devolver el capital recibido.
Dos días de diciembre, cuatro sentencias
El Pleno de la Sala Primera dictó cuatro sentencias en 2022. Son las 945, 946, 959 y 960/2022: las dos primeras, de 20 de diciembre; las otras dos, del día 21. Que se dictaran en bloque no es casualidad: cuando el Supremo reúne al Pleno es porque quiere fijar doctrina y acabar con las resoluciones contradictorias de los tribunales inferiores.
El resultado fueron dos criterios —uno que protege al consumidor y otro que lo limita— que casi cuatro años después siguen siendo la base sobre la que se decide la reclamación por inclusión indebida en un fichero de morosos. Quien hoy aparece en ASNEF, Experian o el RAI y se pregunta si su inclusión fue lícita se mide, antes que nada, contra lo que el Pleno dijo en esos dos días.
El requerimiento previo tiene que constar recibido
El acreedor debe requerir el pago antes de comunicar el dato. Así lo exige, antes de que la deuda llegue a un fichero, el artículo 20.1 de la Ley Orgánica 3/2018, la LOPDGDD. Lo que el Pleno de diciembre de 2022 fijó es que ese requerimiento es recepticio: no basta con enviarlo sin más, debe existir constancia razonable de su recepción. El Pleno precisó que la ley no exige fehaciencia y que esa constancia puede acreditarse por presunciones o por cualquier medio de prueba, de forma casuística: en uno de los casos bastó una carta ordinaria no devuelta al domicilio del contrato; en otro, dos correos electrónicos a la dirección facilitada por la deudora.
El matiz cambia quién tiene que demostrar qué. La carga de probar que el requerimiento se recibió es del acreedor que comunicó el dato, no del consumidor. Y es exactamente el papel que se pierde con más frecuencia: cuando una deuda se vende de un fondo a otro —algo habitual en carteras de impagados—, el expediente con el acuse de recibo rara vez viaja con ella. Su peso depende del caso: el Tribunal Supremo valora si la omisión o el defecto del requerimiento frustró realmente su finalidad.
Cuándo no hay vulneración del honor
Un crédito usurario no vulnera el honor por sí solo. Es la cara menos amable del Pleno de diciembre de 2022, y conviene contarla de frente: estar fichado por un crédito que resultó usurario no vulnera el honor si el deudor nunca manifestó su disconformidad ni intentó devolver el capital recibido.
No lo suavizamos porque no ayuda a nadie: hay personas en un fichero que, por esta vía concreta, no tienen caso. Decirlo claro es parte del trabajo. Lo que no significa es que su inclusión fuera lícita.
El caso inverso: haber reclamado antes del fichaje
El criterio restrictivo de 2022 tiene su cara simétrica. La fijó la STS 362/2026, de 6 de marzo, que distingue entre la controversia surgida después de la inclusión y la anterior a ella, y la aplicó después la STS 1314/2026, de 23 de julio: una cosa es no haber dicho nada y otra haber reclamado formalmente antes del fichaje. Ninguna de las dos es sentencia de Pleno. Ese supuesto está contado en detalle en la guía sobre la sentencia de 2026.
Y hay algo más que las cuatro sentencias de 2022 no tocan: los demás requisitos del artículo 20.1 de la LOPDGDD siguen operando por su cuenta. La deuda tiene que ser cierta, vencida y exigible; el principal, de al menos 50 €; y el dato no puede permanecer más de cinco años. Que a alguien no le alcance la doctrina de 2026 ni le sirva la del requerimiento no cierra la puerta: la inclusión puede haber fallado por cualquiera de estos otros frentes, y cada uno se comprueba por separado.
De la doctrina a tu caso: las tres comprobaciones
Toda inclusión se examina con tres comprobaciones concretas. De las cuatro sentencias del Pleno de 2022 sale ese examen: si el requerimiento previo consta recibido —y con qué prueba, que debe aportar el acreedor—, si hubo disconformidad manifestada antes del fichaje y si el resto de requisitos legales se cumplía. Esa revisión la hace nuestro abogado colegiado con tu mandato y hoja de encargo: Veritua solicita al acreedor la prueba de la recepción, examina la ficha del registro y determina si la inclusión fue lícita. Y si lo que te preocupa es el dato en sí, cómo se tramita la baja de un fichero de morosos está contado en su propia guía, con sus pasos y sus plazos.
Cuando la inclusión resulta indebida, la ley presume el perjuicio y el Supremo no admite indemnizaciones simbólicas (SSTS 130/2020, 910/2023 y 1476/2023): la reparación de un derecho fundamental tiene que ser real y efectiva. Eso no se traduce en cifras altas: la serie de sentencias de 2026 ha moderado las cuantías y, sin un perjuicio concreto acreditado, la mayoría de los casos recientes se resuelve entre 1.500 € y 3.000 €. Lo que mueve la cifra dentro de ese rango es cuánto tiempo estuvo publicado el dato y a cuántos terceros llegó, no cuánto se debiera. Empezar el estudio no cuesta nada —0 € por adelantado— y solo hay honorarios si tu reclamación prospera.
Nota orientativa: La indemnización por daño moral la fija el juez caso a caso. Depende del tiempo que estuviste en el fichero y de cuántas entidades consultaron tus datos, no del importe de la deuda.
